Resulta totalmente incomprensible escuchar críticas a la recién estrenada ley anti-tabáco. Por sentido moral y ético era totalmente necesaria. Pero si para alguien estos sentidos son difíciles de alcanzar y comprender, apelaremos como mínimo al sentido común, que como el mismo indica, es común a todos o por lo menos debería serlo.
Entre muchas de las críticas escuchadas podemos destacar dos.
En primer lugar una que, por la gravedad de sus argumentos, así como por su mínimo o inexistente ajuste a la realidad, no tiene desperdicio comentar. Tuve el honor o el deshonor de escuchar dicho disparate por televisión, hará cosa de unos días. Y dice así:
“¡La ley ésta, es anticonstitucional y dictatorial!”
Y se quedó tan ancho.
Para lo de anticonstitucional, me remito al artículo 43 de la Constitución Española , según el cual; “Se reconoce el derecho a la salud”, “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”. Así como al artículo 51 que reconoce que; “Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”.
Para lo de dictatorial, es un insulto a la inteligencia del ser humano y no cabe mención alguna. Por su propio peso, no se cae, se derrumba.
En segundo lugar, muchos se quejan de que la ley debería permitir a los bares y restaurantes elegir entre dejar o no dejar fumar en sus locales.
La ley anterior permitía dicha elección, pero, ¿conocen algún bar o restaurante en el que estuviera totalmente prohibido fumar? Obviamente ante aquella disyuntiva los empresarios de la restauración optaban por la vía fumadores, ya que lo contrario suponía restringir su cuota de mercado. El resultado, la injusticia acometida sobre los no fumadores, que fueran donde fueran tenían que apechugar con un veneno volante que les era impuesto sin su consentimiento.
La actual ley corrige dicha anomalía cruel. Garantiza y protege mediante un procedimiento eficaz la salud de los consumidores, que, mira tú por donde, es lo que textualmente recoge la Constitución.
Para los que piensan que la prohibición de fumar impuesta por el estado traspasa los límites de responsabilidad que éste debiera tener sobre las personas, decirles, que el gran exponente de la libertad de elección en la economía y en la sociedad en general, el gran economista Milton Friedman, cuya idea central de sus postulados concluía que, “no es correcto que el gobierno nos obligue a protegernos a nosotros mismos, sino que tenemos que ser nosotros los individuos, quienes libremente elijamos si queremos estar protegidos o no”, reconocía una muy importante objeción a su propio razonamiento central: “la afectación de terceras personas”.
E aquí el sentido de todo. Cuando la seguridad, o en este caso, la salud de terceras personas se ve afectada, la intervención del estado está totalmente justificada. El mismo debe interferir y regular “la libertad de elección” en cuestión, en pos del interés general.
La libertad de elección de un bar o restaurante sobre si en su local se puede fumar o no es un clarísimo ejemplo.
H. F. C.
