Señoras y señores, asistimos a la caída de un nuevo muro, al colapso de un sistema y al agotamiento de una creencia errónea infundada en las formas económicas de actuación de los últimos 30 años. Dicha creencia no es otra que la liberalización absoluta de la economía.
La actual crisis ha evidenciado de una manera incontestable que gestionando un canal económico sobre la base exclusiva de las fuerzas del mercado, éste corre el riesgo de quedar sometido a los designios e intereses personales de los agentes que operan en el mismo. Lo cual, y sabiendo que estos intereses pueden llegar a ser ilegítimos y no acordes con una equidad económica moral y justa, puede contribuir al vicio del canal y a su más que probable derrumbamiento, donde en la actualidad, debido a la globalización económica, dicho derrumbamiento puede llegar a infectar a todo canal económico existente en el sistema.
Éste proceso nos aporta la respuesta al porqué de la crisis que sufrimos.
La total inexistencia de regulación y control en el sector inmobiliario y en el sector financiero global, junto con los intereses individuales revelados como injustos, codiciosos y totalmente amorales de los agentes que operaban en dichos sectores, avalan de manera sublime la máxima según la cual no hay mano invisible que haga converger el interés general con el egoísmo individual, como muy sabiamente afirmó John Maynard Keynes.
En estas circunstancias, la brutalidad de los hechos exige acciones, acciones con una única dirección, la ejecución de cambios y reformas en nuestro sistema de mercado hoy maltrecho, haciendo hincapié en los dos orígenes de la crisis, el sector financiero y el sector inmobiliario.
Las necesarias reformas del sector financiero dependerán de las decisiones tomadas por el G-20 en su reunión de Londres.
Centrándonos en este caso en el sector inmobiliario, concretamente en el ámbito español, la total desregulación de la que ha sido objeto a lo largo de estos últimos años, ha provocado como consecuencia directa y máxima, la especulación.
No hace mucho, con la bonanza económica como telón de fondo, a las preguntas de porqué el precio de la vivienda no dejaba de aumentar, desde los sectores implicados y por tanto, interesados, se argüía como respuesta la clásica ley de la oferta y la demanda y a su punto de equilibrio marshaliano. Éste razonamiento en términos simples correcto, en términos analíticos resultaba más que deficiente.
Cegados por el milagro económico español, se obviaba por completo la composición real de dicha demanda inmobiliaria. El hecho de que en España se construyeran más viviendas que en Alemania, Francia, Inglaterra e Italia juntas, no dio por aludido a nadie. Teniendo en cuenta que España no superaba ni supera en población a ninguno de los nombrados países, es evidente que algo olía mal.
Las necesidades de acceso a una vivienda por parte de un gran porcentaje de la población, en especial los jóvenes, eran acuciantes, pero por paradójico que parezca, dichas necesidades de acceso a una vivienda tenían una incidencia mínima en la composición total de la demanda inmobiliaria por el simple hecho de que las condiciones para dicho acceso eran mucho más que duras, endeudarse a no menos de cuarenta años, a unas tasas de interés por las nubes. Y e aquí la prueba de que, a pesar del amplio número de necesitados de una vivienda, la gran mayoría de éstos no osara ni demandarla.
Por tanto, la abultada demanda existente no era en su totalidad, ni en su mayor parte resultado de una necesidad de acceso a la vivienda por parte de los individuos en general, sino resultado en mayor medida de una especulación donde las ansias de riqueza de muchos no hacían más que engrosar, con cada operación, el precio de todo tipo de vivienda, alimentándose así una burbuja que hoy nos ha estallado a todos.
Llegados a éste punto, con todas las causas descubiertas pero no resueltas, cabría empezar a plantearse de una manera formal la socialización de las decisiones de inversión en el sector inmobiliario. Como Keynes argumentaba, una socialización extendida a todos los ámbitos económicos era la herramienta más eficaz para contrarrestar la arbitraria y desigual distribución de la riqueza y los ingresos inherente al sistema de economía de mercado primigenio.
Lo que se plantearía por tanto, sería un sector inmobiliario, de una manera parcial o total, temporal o permanente, de responsabilidad estatal que respondiera a una demanda estrictamente real de necesidad de acceso a una vivienda, construyéndose disciplinadamente lo necesario, evitándose así innecesarios excesos de oferta que, en épocas de crisis como la actual, a parte de dejar viviendas sin vender, provocan ajustes bruscos en el mercado laboral de dicho sector.
Por tanto, plantear la conversión del sector inmobiliario como un pilar más del sistema de bienestar español en equivalencia a los ya existentes, sanidad, educación, pensiones y el más reciente, dependencia.
En líneas generales, lo que se pretende es abogar por un funcionamiento mixto del sistema de economía de mercado, porque la grave crisis que vivimos nos sirve como prueba irrefutable de que no son otros, sino las mismas fuerzas del mercado sin control alguno las que distorsionan la economía en todos sus aspectos.
Como muy bien afirma el economista Jeffrey Sachs en su libro “El fin de la pobreza” y como la evidencia empírica no deja de corroborar, la competitividad y la lucha no son sino una cara de la vida económica. La confianza, la cooperación y la acción colectiva para garantizar bienes de utilidad pública constituyen su otra cara.
En el caso español, en términos de largo plazo, dicha socialización del sector inmobiliario contribuiría, junto con otras reformas necesarias claro está, a reorientar la estructura económica del país hacia sectores mucho más productivos y eficientes, fomentando que el sector privado opte por otros mercados, cambiando de manera sustancial la composición de nuestro PIB y por ende garantizando una mayor solvencia de la economía española ante posibles futuras crisis económicas.
Y e aquí la respuesta a la cuestión de porqué, ante la crisis económica, España acusa una mayor tasa de paro que el resto de países de su entorno.
En efecto, los últimos diez años de la economía española han sido los de mayor prosperidad en toda su historia, llegándose a alcanzar una tasa de empleo inaudita de casi el 70% de la población en edad laboral. El problema es que dicho milagro económico ha estado fundamentado en el sector inmobiliario. Un sector que no puede servir como base para la economía de un país, debido a su poca cualificación y debido a su alta necesidad de apalancamiento, es decir de alto endeudamiento, lo cual implica una alta volatilidad. Volatilidad ésta, que queda patente en un contexto de crisis financiera, en el cual, la parálisis de crédito colapsa de manera total a todo el sector con las consecuencias negativas que ello conlleva (freno de la construcción, cierre de empresas, paro, etc.). Si esto conforma la base de la economía de un país, tienes como resultado la tasa de desempleo más alta de todo su entorno, como es el caso actual de España.
¿A quién pedimos responsabilidades? Por un lado, al gobierno anterior y al partido que lo sustentaba, por especializar erróneamente a España en un sector tan poco cualificado como es el inmobiliario y tan previsiblemente insostenible como ha resultado ser, y, tras cuatro años en la oposición y hasta no empezada la crisis, no haber solicitado en ningún momento al gobierno, las reformas estructurales tan acuciantemente necesarias para el país.
Por otro lado al gobierno actual, por desarrollar una política continuista con sus antecesores, y no haber tenido el ímpetu suficiente para llevar a cabo las reformas estructurales necesarias.
Y finalmente a ambos conjuntamente, por no haber preservado a los españoles de los desmanes económicos actuales que se llevan por delante sus ahorros, su empleo y su prosperidad.
Una vez hecho esto, manos a la obra con el cambio.
H. F. C.
